Reformas en materia educativa

Durante el Porfiriato se acordaron las bases de la educación pública, que siempre fue respaldada por los liberales. En 1868, todavía durante el gobierno de Juárez, se promulgó la Ley de Instrucción Pública, que no fue aceptada por la Iglesia Católica. Joaquín Baranda, ministro de Instrucción Pública, desarrolló una campaña de conciliación con la Iglesia, y aplicó a la educación el aspecto positivista, sin dejar de lado el humanismo. La instrucción primaria superior se estableció en 1889 y tuvo por objeto crear un vínculo entre la enseñanza elemental y la preparatoria.

En 1891 fue promulgada la Ley Reglamentaria de Educación, que estableció la educación como laica, gratuita y obligatoria. Baranda fundó más de doscientas escuelas para maestros, que una vez egresados se dirigieron a enseñar a las ciudades del país. Sin embargo, en las zonas rurales la falta de desarrollo social provocó un rezago educativo.

El mismo Porfirio Díaz afirmó que gracias a su “política patriarcal, guiando y restringiendo las tendencias populares, en el convencimiento de que una paz forzosa permitiría fomentar la educación, la industrias y el comercio”. En efecto, estos fueron sus objetivos, aunque el alcance de su “guía y restricción de las tendencias populares” fue terrible.